miércoles, 9 de mayo de 2012

¡EMBARGA EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN! ¿POLÍTICA DEL SAT?


Por Suad Lozano Vega.

Desde el año pasado se ha publicado en los periódicos de circulación nacional que en los últimos 3 años el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha cuadruplicado las acciones de embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes; así mismo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a finales del año pasado denunció que el SAT ha embargado las pensiones de ancianos y discapacitados.

Dicha dependencia por medio de su titular, la Doctora Diana Bernal Ladrón de Guevara, ha denunciado que ancianos y discapacitados han sido privados del acceso a la pensión con la que “sobreviven” debido a que el SAT embargó las cuentas bancarias donde les depositan dicha pensión, por no haber reportado algún movimiento fiscal o incumplir algún pago.

Dentro de la denuncia de la titular de la PRODECON, existen casos documentados que ciertamente resultan difíciles de creer, por ejemplo la titular de la PRODECON señaló que: “(…) Tienen los casos de una persona inválida y una señora de la tercera edad cuyo único ingreso es su pensión, a quienes les embargaron sus cuentas bancarias”.

Así mismo, y en adición a lo anterior, en las últimas semanas, diversos grupos empresariales y la (PRODECON) han acusado al SAT de cometer abusos en los embargos de cuentas bancarias; y han detallado que en algunos casos, el fisco ha realizado embargos a cuentas de pensionados o de contribuyentes que no han sido debidamente notificados y se enteran del procedimiento iniciado en su contra hasta que desean hacer uso de sus recursos.


Con base en lo anterior resulta fácil considerar o asumir  que con dichas acciones el SAT se excede en el ejercicio de sus potestades tributarias, pues el mismo Código Fiscal de la Federación establece:

Artículo 157.- Quedan exceptuados de embargo:

XI. Las pensiones de cualquier tipo.

Así mismo y de conformidad con los artículos 151 y 155, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el embargo o congelamiento de cuentas bancarias del contribuyente procederá sólo en caso de que exista un crédito fiscal exigible y siempre previo requerimiento de pago al deudor.


Aunado a lo anterior, resulta importante mencionar que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación prevé en su párrafo segundo:

Que la autoridad fiscal podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando “a juicio” de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo. Para ello, la autoridad deberá de precisar las razones que consideró para establecer un embargo de tipo precautorio sobre los bienes del contribuyente

En adición a lo anterior, el mismo ordenamiento, en el artículo 145-A, establece aquellos supuestos en los cuales debería de colocarse el contribuyente para que proceda de manera legal el embargo o aseguramiento precautorio de cuentas del contribuyente, destacando entre dichas circunstancias las siguientes:

1.    Cuando el contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.

2.    Cuando el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes.

3.    Cuando el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado.

4.    Cuando la autoridad realice visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes, ni exhibir los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que vendan en esos lugares.

5.    Cuando la autoridad detecte envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas sin que tengan adheridos marbetes o precintos o bien no se acredite la legal posesión de los marbetes o precintos, se encuentren alterados o sean falsos.


Ahora bien, con base en lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, resulta evidente que tanto el embargo precautorio como el embargo definitivo de las cuentas bancarias de los contribuyentes, se encuentran sujetos a requisitos previos a su ejecución.

Es así que con fundamento en las publicaciones que se han estado haciendo en los periódicos de circulación nacional, así como en los mismos boletines del SAT, y en las denuncias y conferencias de prensa de la PRODECON, considero que el SAT podría estar excediéndose en el ejercicio de sus potestades tributarias.


Pues estimo que para considerar ajustada al marco legal la actuación de las autoridades en el tema del embargo de cuentas bancarias del contribuyente, se debe de reflexionar sobre  lo siguiente:


1.    Es correcto que el gobierno fiscalice y aplique los ordenamientos fiscales, pero no debe de hacerlo vulnerando los derechos de los contribuyentes, ni ejerciendo de manera arbitraria y excesiva sus facultades. Para evitar que lo anterior ocurra, el ejercicio de las potestades tributarias de la autoridad fiscal debe encontrar contrapeso en las garantías otorgadas al contribuyente.

2.  Previo a la ejecución de un  embargo precautorio o definitivo de cuentas bancarias, las autoridades fiscales deben cumplir con los siguientes requisitos: a) que exista un crédito fiscal exigible (firme); b) que se haga el requerimiento de pago correspondiente, c) en caso de que se trate de un embargo precautorio la autoridad debe acreditar fehacientemente (y siempre a su criterio) la existencia del “peligro” inminente de que el obligado realice cualquier maniobra para evadir el cumplimiento.

3.    Si bien es cierto que las autoridades fiscales de conformidad con el artículo 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación están facultadas para ordenar a la entidad financiera que corresponda la inmovilización de las cuentas bancarias del contribuyente sin estar obligadas a notificar previamente al obligado; también es cierto que las pensiones de cualquier tipo se encuentran exceptuadas de embargo.

Luego entonces en el caso que nos ocupa, debe de entenderse que no se están embargando propiamente las pensiones sino la cuenta donde éstas se depositan, pues, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ésta es una cuenta más (susceptible de embargo). Por ello y para evitar la afectación de las pensiones y haberes de retiro del contribuyente, las autoridades deberían de replantear el eje de su actuación pues en los casos que plantea la PRODECON y diversas cámaras empresariales, se presume que los contribuyentes afectados se encuentran plenamente identificados y que incluso muchos de ellos no han sido notificados en ninguna ocasión.


Con base en lo señalado en la última parte del párrafo anterior, resultaría cierto que la autoridad hacendaria está ejerciendo de manera excesiva sus facultades pues en esos casos los adultos mayores, pensionados y discapacitados no estarían colocándose bajo los supuestos del artículo 145 y 145 A del Código Fiscal de la Federación, y por el contrario si estarían siendo tratados como peligrosos defraudadores.


En adición a la idea anterior, considero que el embargo, debe aplicarse cuando efectivamente se trate de contribuyentes o empresas evasoras o fantasmas que cambian constantemente de domicilio para no tributar. Pero, NO en casos donde el contribuyente está plenamente identificado.


Pues, con ello el SAT, está deslegitimándose frente a los contribuyentes cumplidos, generando en ellos el sentimiento generalizado de la actuación del SAT es equivalente a actos de inseguridad jurídica, a actos de despotismo, de abuso de autoridad, o bien, de presión para intimidar al contribuyente. En suma, el actuar del SAT se ha asimilado a actos de terrorismo fiscal.


También consideramos que aunado a la anterior, resulta criticable la actitud del SAT por lo siguiente:

  • Dicha dependencia no busca otros mecanismos para resolver omisiones tributarias, pero sí impone a los jubilados multas que rebasan el monto de su pensión, arrebatándoles con ello su único medio para sobrevivir. 
  •  
  • El SAT olvida que el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes, no es la forma correcta para provocar que el pagador de impuestos cumpla con sus obligaciones fiscales. Al contrario, con dicha facultad ejercida de manera excesiva, sólo se conduce a diversos efectos negativos, como lo es el incumplimiento de obligaciones con terceros e incluso la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias.

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