Por Suad
Lozano Vega.
Desde
el año pasado se ha publicado en los periódicos de circulación nacional que en
los últimos 3 años el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha
cuadruplicado las acciones de embargo de las cuentas bancarias de los
contribuyentes; así mismo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON) a finales del año pasado denunció que el SAT ha embargado las
pensiones de ancianos y discapacitados.
Dicha
dependencia por medio de su titular, la Doctora Diana Bernal Ladrón de Guevara,
ha denunciado que ancianos y discapacitados han sido privados del acceso a la
pensión con la que “sobreviven” debido a que el SAT embargó las cuentas
bancarias donde les depositan dicha pensión, por no haber reportado algún
movimiento fiscal o incumplir algún pago.
Dentro
de la denuncia de la titular de la PRODECON, existen casos documentados que
ciertamente resultan difíciles de creer, por ejemplo la titular de la PRODECON
señaló que: “(…) Tienen los casos de una persona inválida y una señora de la
tercera edad cuyo único ingreso es su pensión, a quienes les embargaron sus
cuentas bancarias”.
Así
mismo, y en adición a lo anterior, en las últimas semanas, diversos grupos
empresariales y la (PRODECON) han acusado al SAT de cometer abusos en los
embargos de cuentas bancarias; y han detallado que en algunos casos, el fisco
ha realizado embargos a cuentas de pensionados o de contribuyentes que no han
sido debidamente notificados y se enteran del procedimiento iniciado en su
contra hasta que desean hacer uso de sus recursos.
Con
base en lo anterior resulta fácil considerar o asumir que con dichas acciones el SAT se excede en
el ejercicio de sus potestades tributarias, pues el mismo Código Fiscal de la
Federación establece:
Artículo 157.- Quedan exceptuados de embargo:
XI. Las pensiones de cualquier tipo.
Así
mismo y de conformidad con los artículos 151 y 155, fracción I, del Código
Fiscal de la Federación, el embargo o congelamiento de cuentas bancarias del
contribuyente procederá sólo en caso de que exista un crédito fiscal exigible y
siempre previo requerimiento de pago al deudor.
Aunado
a lo anterior, resulta importante mencionar que el artículo 145 del Código
Fiscal de la Federación prevé en su párrafo segundo:
Que
la autoridad fiscal podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la
negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el
crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente
o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando “a
juicio” de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier
maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará
el embargo. Para ello, la autoridad deberá de precisar las razones que
consideró para establecer un embargo de tipo precautorio sobre los bienes del
contribuyente
En
adición a lo anterior, el mismo ordenamiento, en el artículo 145-A, establece
aquellos supuestos en los cuales debería de colocarse el contribuyente para que
proceda de manera legal el embargo o aseguramiento precautorio de cuentas del
contribuyente, destacando entre dichas circunstancias las siguientes:
1.
Cuando
el contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las
facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar
su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.
2.
Cuando
el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o
dilapide sus bienes.
3.
Cuando
el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el
cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado.
4.
Cuando
la autoridad realice visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o
semifijos en la vía pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se
encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes, ni exhibir los
comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que
vendan en esos lugares.
5.
Cuando
la autoridad detecte envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas
sin que tengan adheridos marbetes o precintos o bien no se acredite la legal
posesión de los marbetes o precintos, se encuentren alterados o sean falsos.
Ahora
bien, con base en lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, resulta evidente que tanto el embargo
precautorio como el embargo definitivo de las cuentas bancarias de los
contribuyentes, se encuentran sujetos a requisitos previos a su ejecución.
Es
así que con fundamento en las publicaciones que se han estado haciendo en los
periódicos de circulación nacional, así como en los mismos boletines del SAT, y
en las denuncias y conferencias de prensa de la PRODECON, considero que el SAT
podría estar excediéndose en el ejercicio de sus potestades tributarias.
Pues
estimo que para considerar ajustada
al marco legal la actuación de las autoridades en el tema del embargo de
cuentas bancarias del contribuyente, se debe de reflexionar sobre lo siguiente:
1.
Es
correcto que el gobierno fiscalice y aplique los ordenamientos fiscales, pero
no debe de hacerlo vulnerando los derechos de los contribuyentes, ni ejerciendo
de manera arbitraria y excesiva sus facultades. Para evitar que lo anterior
ocurra, el ejercicio de las potestades tributarias de la autoridad fiscal debe
encontrar contrapeso en las garantías otorgadas al contribuyente.
2.
Previo
a la ejecución de un embargo precautorio
o definitivo de cuentas bancarias, las autoridades fiscales deben cumplir con
los siguientes requisitos: a) que exista un crédito fiscal exigible (firme); b)
que se haga el requerimiento de pago correspondiente, c) en caso de que se
trate de un embargo precautorio la autoridad debe acreditar fehacientemente (y
siempre a su criterio) la existencia del “peligro” inminente de que el obligado
realice cualquier maniobra para evadir el cumplimiento.
3.
Si
bien es cierto que las autoridades fiscales de conformidad con el artículo 156
bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación están facultadas para ordenar
a la entidad financiera que corresponda la inmovilización de las cuentas
bancarias del contribuyente sin estar obligadas a notificar previamente al
obligado; también es cierto que las pensiones de cualquier tipo se encuentran
exceptuadas de embargo.
Luego entonces en el
caso que nos ocupa, debe de entenderse que no se están embargando propiamente
las pensiones sino la cuenta donde éstas se depositan, pues, para la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ésta es una cuenta más (susceptible de embargo).
Por ello y para evitar la afectación de las pensiones y haberes de retiro del
contribuyente, las autoridades deberían de replantear el eje de su actuación
pues en los casos que plantea la PRODECON y diversas cámaras empresariales, se
presume que los contribuyentes afectados se encuentran plenamente identificados
y que incluso muchos de ellos no han sido notificados en ninguna ocasión.
Con base en lo
señalado en la última parte del párrafo anterior, resultaría cierto que la
autoridad hacendaria está ejerciendo de manera excesiva sus facultades pues en
esos casos los adultos mayores, pensionados y discapacitados no estarían
colocándose bajo los supuestos del artículo 145 y 145 A del Código Fiscal de la
Federación, y por el contrario si estarían siendo tratados como peligrosos
defraudadores.
En adición a la idea
anterior, considero que el embargo, debe aplicarse cuando efectivamente se
trate de contribuyentes o empresas evasoras o fantasmas que cambian
constantemente de domicilio para no tributar. Pero, NO en casos donde el contribuyente está plenamente identificado.
Pues, con ello el
SAT, está deslegitimándose frente a los contribuyentes cumplidos, generando en
ellos el sentimiento generalizado de la actuación del SAT es equivalente a
actos de inseguridad jurídica, a actos de despotismo, de abuso de autoridad, o
bien, de presión para intimidar al contribuyente. En suma, el actuar del SAT se
ha asimilado a actos de terrorismo fiscal.
También
consideramos que aunado a la anterior, resulta criticable la actitud del SAT
por lo siguiente:
- Dicha dependencia no busca otros mecanismos para resolver omisiones tributarias, pero sí impone a los jubilados multas que rebasan el monto de su pensión, arrebatándoles con ello su único medio para sobrevivir.
- El SAT olvida que el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes, no es la forma correcta para provocar que el pagador de impuestos cumpla con sus obligaciones fiscales. Al contrario, con dicha facultad ejercida de manera excesiva, sólo se conduce a diversos efectos negativos, como lo es el incumplimiento de obligaciones con terceros e incluso la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias.
